La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 14 años a Luis Francisco Cante Céspedes, director de la Regional Atlántico de Migración Colombia, tras hallarlo responsable disciplinariamente por conductas constitutivas de acoso sexual.
El fallo de primera instancia concluyó que el cargo formulado por la Procuraduría Delegada con Funciones Mixtas 10 para la Moralidad y la Transparencia Pública fue probado y no logró ser desvirtuado durante el proceso.
Cante Céspedes se desempeñaban como directivo de la Regional Andina cuando cometió la irregularidad y fue trasladado a Barranquilla.
La sanción se fundamenta en la denuncia presentada por una exfuncionaria de la entidad, quien relató cómo, entre febrero y octubre de 2023, Cante Céspedes, en su calidad de directivo, realizó “tocamientos no autorizados y comentarios de contenido sexual”, además de persecución laboral. Según el documento disciplinario, los hechos incluyeron invasiones reiteradas del espacio personal y expresiones verbales que generaron intimidación e incomodidad.
De acuerdo con la decisión, la denunciante renunció a su cargo y posteriormente abandonó el país tras denunciar presuntas situaciones de persecución laboral y amenazas derivadas del caso.
Una segunda sanción disciplinaria en Migración Colombia
El fallo también impuso una suspensión de cuatro meses a Adriana Paola Cuervo Pulido, coordinadora regional de Migración Colombia, al considerar que habría afectado el derecho fundamental a la honra y dignidad de la víctima. No obstante, el documento no detalla públicamente las circunstancias específicas de dicha conducta.
La decisión permite que los sancionados interpongan recurso de apelación, el cual deberá presentarse dentro de los términos establecidos en la Ley 1952 de 2019 (Código General Disciplinario).
Más allá del caso individual
Aunque se trata de un fallo disciplinario en primera instancia, la decisión vuelve a poner sobre la mesa la responsabilidad de las entidades públicas en la prevención y atención de casos de acoso laboral y sexual.
El caso también reabre la discusión sobre la eficacia de los protocolos internos y las garantías para quienes denuncian este tipo de conductas dentro del sector estatal.
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