En una sentencia histórica emitida el 29 de agosto de 2025, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito bloqueó de forma unánime el intento de la administración de Donald Trump de eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 600.000 venezolanos radicados legalmente en Estados Unidos.
La decisión, considerada por juristas y defensores de derechos humanos como una victoria fundamental para la estabilidad migratoria, restituye el sentido de legalidad y compasión en una batalla que ha expuesto las fracturas del sistema migratorio estadounidense.
Para los expertos jurídicos, este fallo representa un escudo jurídico para cientos de miles de familias venezolanas. No es solo una decisión legal, es una reafirmación de que el estado de derecho prevalece sobre agendas políticas.
¿Qué dice el fallo judicial?
El tribunal determinó que la terminación abrupta del TPS fue ilegal y arbitraria, ya que contradijo los procedimientos establecidos por el Congreso para garantizar que el TPS sea “previsible, confiable e inmune a decisiones caprichosas”.
En términos prácticos, el TPS para venezolanos sigue vigente hasta el 10 de septiembre de 2025, con posibilidad de extenderse automáticamente hasta marzo de 2026 mientras continúe el litigio.
Línea del tiempo: cómo llegamos hasta aquí
Marzo 2021: Se establece el TPS original para venezolanos, bajo la administración Biden.
Julio 2023: Se amplía el TPS para nuevos solicitantes.
Abril 7, 2025: El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), bajo la nueva administración, revoca la ampliación de 2023, generando pánico entre migrantes.
Mayo 19, 2025: La Corte Suprema suspende temporalmente el fallo de un juez federal que había frenado la cancelación.
Agosto 29, 2025: El Tribunal de Apelaciones falla a favor de los beneficiarios del TPS, invalidando el intento de eliminarlo y restaurando el amparo legal.
Migrantes con TPS expresan su alivio
Para muchos beneficiarios del TPS, el fallo llegó como un salvavidas emocional y legal. Génesis Rodríguez, migrante venezolana en Estado Unidos, expresa su alivio:
“Había perdido la fe… No podía dormir pensando en que tenía que abandonar mi trabajo, mi hogar, mi vida aquí. Esta decisión me devolvió la esperanza y la estabilidad que tanto hemos luchado por construir.”
El fallo también tiene una relevancia estratégica para líderes empresariales y organizaciones dirigidas por venezolanos y latinos en EE.UU. Muchos migrantes con TPS no solo trabajan formalmente, sino que lideran negocios, emplean a otros migrantes y sostienen una red económica vital.
Un comerciante venezolano en Miami, que prefirió mantener su nombre en reserva, lo resume así: “La economía no puede permitirse perder 600.000 talentos que generan millones de dólares en productividad, emprendimiento e innovación. Esta decisión protege también la inversión y el desarrollo económico del país.”
El debate judicial y político ante el TPS
De acuerdo con información publicada por El País, un panel de tres jueces con sede en San Francisco votó a favor de mantener la protección y permitir que el caso continúe en los tribunales. Los demandantes argumentaron que Kristi Noem, actual secretaria de Seguridad Nacional, no tenía la autoridad suficiente para terminar unilateralmente con el TPS.
La jueza Kim Wardlaw, designada en la administración de Bill Clinton, sostuvo en su opinión que al crear el TPS “el Congreso diseñó un sistema temporal que debía ser previsible, de confianza y alejado de los vaivenes partidistas”. Sus colegas en el panel, también con trayectoria en gobiernos progresistas, coincidieron en este razonamiento.
La política migratoria de Noem, marcada por un enfoque de deportaciones aceleradas, contrastó con las decisiones previas de Joe Biden, quien había extendido en 2023 la protección por 18 meses adicionales para miles de venezolanos que escapaban de la crisis en su país. Según la funcionaria, las condiciones en Venezuela habían mejorado, lo que hacía “innecesaria” la continuidad del TPS, un argumento que el Tribunal ahora desestimó.
